Cuando no hay acuerdo, defensa total.
Estrategia escrita. Comunicación constante.
Procedimiento del art. 770 LEC con medidas previas y coetáneas cuando procede. Estudio previo del caso, prueba pericial planificada y presupuesto cerrado por escrito antes de presentar la demanda.
Es el cauce judicial del art. 770 LEC para disolver el matrimonio (art. 86 CC) cuando no existe acuerdo entre los cónyuges sobre las medidas que deben regir tras la ruptura, o cuando una de las partes no quiere divorciarse o no puede ser localizada.
A diferencia del mutuo acuerdo, en el contencioso cada cónyuge tiene su propia defensa y representación. El procedimiento se desarrolla con demanda, contestación, vista oral y sentencia. Se pueden solicitar medidas previas (art. 771 LEC) cuando hay urgencia, y medidas coetáneas (art. 773 LEC) que rigen mientras dura el pleito.
En Tenerife, los procedimientos se reparten entre los Juzgados de Familia preferentes (Santa Cruz nº 6, La Laguna nº 5) y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción mixtos de los partidos del sur (Arona nº 4), norte (Puerto de la Cruz) y comarcas (Güímar, Granadilla). La carga de cada juzgado determina los plazos reales.
Plazos calculados sobre procedimientos cerrados en este despacho durante los últimos 24 meses en los Juzgados de Familia de Tenerife.
Reunión inicial de 60 a 90 minutos para examinar documentación, situación familiar, riesgo patrimonial y objetivos. Salimos con plan estratégico provisional y decisión sobre medidas previas.
Cuando existe riesgo (vivienda, menores, ocultación de patrimonio), presentamos solicitud de medidas previas (art. 771 LEC). Vista en 10 días hábiles. Auto judicial regulando provisional.
Reunimos certificados, escrituras, nóminas, extractos bancarios, declaraciones de IRPF de los últimos 5 años. Designamos perito psicológico, económico o tasador si procede.
Demanda con relato de hechos, fundamentos jurídicos, petición de medidas (art. 773 LEC) y proposición de prueba. Aportación de documental fundamental. Reparto al juzgado competente.
La parte demandada dispone de 20 días para contestar y, en su caso, formular reconvención (art. 770.2 LEC). Estudiamos respuesta y preparamos réplica.
Comparecencia personal de las partes, interrogatorios, testifical y pericial. Si hay menores maduros, exploración judicial (art. 770.4 LEC). Conclusiones orales o por escrito.
El Juzgado dicta sentencia regulando todas las medidas pedidas. Se entrega copia y se explica punto por punto antes de decidir si recurrir.
Si procede, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (5 días para preparar, 20 para interponer). Si la sentencia se acepta, ejecución de medidas e inscripción en Registro Civil.
En contencioso la prueba documental se aporta con la demanda (art. 265 LEC). Lo que no se aporte entonces, salvo excepciones, no entra al pleito.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Honorarios del despacho — procedimiento estándar | desde 900€ |
| Honorarios — procedimiento con liquidación de gananciales compleja | desde 1.500€ |
| Procurador | 250 – 400€ |
| Perito psicológico (custodia) | 600 – 1.200€ |
| Perito económico (gananciales / negocio) | 900 – 2.500€ |
| Tasador inmobiliario | 300 – 700€ |
| Tasas judiciales (personas físicas) | Exentas |
| Recurso de apelación (si procede) | desde 700€ |
| Partido judicial | Plazo (meses) |
|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 8 – 14 |
| San Cristóbal de La Laguna | 7 – 13 |
| Arona (sur) | 10 – 18 |
| Puerto de la Cruz (norte) | 8 – 14 |
| Güímar | 8 – 14 |
| Granadilla de Abona | 10 – 16 |
Tiempos observados desde demanda a sentencia firme. La apelación añade 6 – 14 meses.
Solicitar medidas previas sin acreditar urgencia ni riesgo concreto suele conducir a su denegación con condena en costas. Hay que documentar el riesgo (informes, requerimientos, denuncias).
Pleitear sobre custodia compartida sin perito psicológico, o sobre gananciales sobre negocio sin perito económico, suele saldarse con sentencia adversa. La prueba pericial se propone con la demanda, no después.
Presentar la demanda en el juzgado equivocado provoca declinatoria, retraso de meses y posible condena en costas. La competencia (art. 769 LEC) es revisable de oficio.
Llevar tres nóminas pero no la vida laboral, la escritura pero no la última cuota hipotecaria, debilita la posición. La documental se entrega completa en la demanda.
Aceptar una sentencia desfavorable sin valorar la apelación cuando hay errores procesales o de valoración de prueba puede consolidar un régimen perjudicial durante años.
Resoluciones de la Sala Primera que han fijado criterio sobre modificación de medidas y cambio de circunstancias, aplicables tanto al contencioso inicial como a la modificación posterior.
Para modificar medidas (art. 775 LEC) se exige alteración sustancial, no provisional ni voluntariamente provocada por el solicitante.
El cambio de residencia laboral acreditado y no buscado de forma artificial puede justificar modificación del régimen de visitas.
Cuando no hay acuerdo entre los cónyuges sobre custodia, vivienda, pensiones o liquidación, o cuando una de las partes no quiere divorciarse. También cuando existe ocultación patrimonial o riesgo de alzamiento de bienes.
Entre 6 y 24 meses según el juzgado y la complejidad del caso. En el partido judicial de Arona (sur) los plazos llegan a 10–18 meses por mayor carga. En Santa Cruz y La Laguna, 8–14 meses. Si se piden medidas previas (art. 771 LEC), las primeras decisiones llegan en 1–2 meses.
Las medidas previas (art. 771 LEC) se piden antes de la demanda principal cuando hay urgencia: atribución provisional de la vivienda, pensión de alimentos provisional, régimen de visitas inicial. Las medidas coetáneas (art. 773 LEC) se solicitan junto con la demanda y rigen mientras dura el procedimiento.
Honorarios desde 900€ para procedimiento estándar. Si requiere prueba pericial (psicológica, económica, valoración de bienes) puede subir según número de informes y peritos. Procurador entre 250 y 400€. Tasas judiciales exentas para personas físicas. Presupuesto cerrado por escrito antes de presentar demanda.
Sí, en todo procedimiento contencioso de familia (art. 750 LEC). Cada cónyuge debe tener su propia defensa. No es válido compartir abogado en contencioso.
Documental (escrituras, nóminas, extractos bancarios, certificados), interrogatorio de las partes, testifical y pericial cuando procede (psicológica para custodia, económica para gananciales, valoración inmobiliaria). El juez puede acordar exploración del menor maduro (art. 770.4 LEC).
Se solicita oficio judicial a la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, registros y entidades bancarias. La ocultación detectada perjudica al ocultador en la liquidación y puede tener consecuencias penales (art. 257 CP).
No al divorcio en sí: basta con que una de las partes lo solicite tras tres meses de matrimonio (art. 86 CC). Se puede discutir el régimen de medidas (custodia, vivienda, pensiones, liquidación), pero no la disolución.
Es competente el juzgado del último domicilio común o el de residencia de cualquiera de los cónyuges (art. 769 LEC). Lo elige quien presenta la demanda. Esto importa: cada partido judicial tiene tiempos y criterios distintos.
Se inicia procedimiento de modificación de medidas (art. 775 LEC). El Tribunal Supremo (STS 558/2022) exige cambio sustancial, no provisional ni voluntariamente provocado. Tramitación más rápida que un divorcio nuevo.
Primera valoración con análisis de viabilidad, plazos del juzgado competente y honorarios cerrados. Sin compromiso de contratación.