Suspende la convivencia. Mantiene el vínculo.
Vía elegida cuando importa.
Procedimiento del art. 81 CC para regular la cesación de la convivencia y sus efectos (custodia, vivienda, pensiones, disolución del régimen económico) sin disolver el matrimonio. Hoy es vía minoritaria, pero conserva sentido cuando concurren motivos religiosos, de pensión de viudedad, expectativas sucesorias o reflexión previa al divorcio.
La separación legal es la institución del art. 81 CC que suspende la convivencia y los deberes que de ella derivan (cohabitación, mutuo socorro, fidelidad jurídicamente exigible) pero conserva el vínculo conyugal. Quien está separado sigue casado: no puede contraer nuevo matrimonio.
Disuelve el régimen económico matrimonial desde la firmeza de la resolución (art. 1392.3 CC). Los bienes adquiridos por cada cónyuge a partir de ese momento son privativos. Las cláusulas sobre custodia, vivienda, pensiones y liquidación son sustancialmente idénticas a las del divorcio.
Hoy es minoritaria —el divorcio directo es la opción mayoritaria desde la reforma de 2005—, pero conserva utilidad técnica cuando importan los derechos sucesorios del cónyuge(que se mantienen en separación y se pierden en divorcio) o la pensión de viudedad sin necesidad de pensión compensatoria previa.
Reunión inicial donde analizamos si en tu caso conviene separación (motivos religiosos, pensiones, sucesión) o divorcio directo. Decisión técnica con consecuencias prácticas.
Certificación literal de matrimonio, certificación literal de nacimiento de hijos, DNI, capitulaciones si las hubiera, escrituras y nóminas en su caso.
Convenio regulador (mutuo) o demanda contenciosa según el caso. Se regula custodia, vivienda, contribución a cargas, pensiones y, expresamente, la disolución del régimen económico.
En mutuo acuerdo, ambos cónyuges firman conformidad expresa antes de presentar nada. En contencioso, revisión final con el cliente.
Mutuo judicial: demanda conjunta vía procurador. Mutuo notarial: agenda con notario. Contencioso: demanda con prueba documental fundamental.
En mutuo judicial, examen, traslado al Ministerio Fiscal si hay menores y cita a ratificación. En contencioso, contestación, vista oral y prueba.
Resolución firme regulando todos los efectos. Disolución del régimen económico desde firmeza. Comunicación al Registro Civil.
Inscripción en el Registro Civil, gestión de cambios derivados (cuentas, seguros, beneficiarios) y seguimiento del cumplimiento del convenio.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Honorarios — separación de mutuo acuerdo | desde 390€ |
| Honorarios — separación contenciosa | desde 900€ |
| Procurador (vía judicial) | 120 – 250€ (mutuo) · 250 – 400€ (contencioso) |
| Aranceles notariales (vía notarial) | 60 – 180€ |
| Tasas judiciales (personas físicas) | Exentas |
| Inscripción Registro Civil | Gratuita |
| Partido judicial | Mutuo (meses) | Contenciosa (meses) |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 1,5 – 3 | 8 – 14 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1,5 – 3 | 7 – 13 |
| Arona (sur) | 2 – 4 | 10 – 18 |
| Puerto de la Cruz (norte) | 1,5 – 3 | 8 – 14 |
Pensar que la separación es "menos definitiva" lleva a duplicar costes: pasados unos meses, hay que abrir el divorcio igualmente. La separación tiene motivos concretos; sin ellos, mejor divorcio directo.
El convenio debe declarar expresamente la disolución del régimen de gananciales (art. 1392.3 CC). Sin esa cláusula, surgen disputas sobre bienes adquiridos tras la separación.
Si los motivos para separar incluyen aspectos sucesorios o de pensión de viudedad, el convenio debe incluir cláusulas técnicas específicas. Plantillas genéricas no sirven aquí.
Si las partes vuelven a vivir juntas, debe comunicarse formalmente al juzgado o notaría (art. 84 CC). Sin esa comunicación, los efectos jurídicos de la separación siguen activos.
La separación de hecho no produce los efectos legales de la separación judicial o notarial: no disuelve gananciales, no modifica derechos sucesorios y no abre vía a pensión compensatoria sin documento.
La separación judicial mantiene los efectos económicos del matrimonio salvo pacto en contrario; el vínculo conyugal subsiste.
La separación (art. 81 CC) suspende la convivencia y los deberes propios de la misma, pero mantiene el vínculo matrimonial: ninguno puede contraer nuevo matrimonio. El divorcio (art. 86 CC) disuelve el vínculo. En lo demás, ambos regulan custodia, vivienda, pensiones y liquidación con el mismo rigor.
Hoy es minoritario, pero hay motivos legítimos: convicciones religiosas que impiden la disolución, deseo de un periodo de reflexión antes del divorcio, pensiones de viudedad ligadas a la subsistencia del vínculo, o expectativas hereditarias compatibles con el matrimonio.
Sí. La separación legal no impide solicitar luego el divorcio (art. 86 CC) por cualquiera de las partes. Si existe convenio de separación, suele aprovecharse y modificarse lo necesario para el divorcio posterior.
De mutuo acuerdo: 1 a 6 meses según juzgado y vía. Contenciosa: 6 a 18 meses. En el partido judicial de Arona los tiempos son superiores a los de Santa Cruz y La Laguna.
Honorarios desde 390€ (mutuo acuerdo simple). En contenciosa, desde 900€. Misma estructura de costes que el divorcio: procurador, peritos si procede, tasas exentas para personas físicas. Presupuesto cerrado por escrito.
Sí. La separación legal disuelve el régimen de gananciales (art. 1392.3 CC) desde la firmeza de la sentencia o escritura. A partir de ese momento, los bienes adquiridos por cada cónyuge son privativos.
Sí, salvo que exista renuncia expresa en convenio. La separación no extingue los derechos sucesorios legales del cónyuge supérstite, que sí se pierden con el divorcio. Esto es uno de los motivos de fondo para preferir separación a divorcio en algunos casos.
El cónyuge separado conserva derecho a pensión de viudedad si concurren los requisitos legales (Ley General de la Seguridad Social, arts. 219 y ss.) y no existe nuevo matrimonio. Tras el divorcio, el derecho se condiciona a percibir pensión compensatoria.
Sí, conforme al art. 84 CC: la reconciliación deja sin efecto la separación y debe comunicarse al juzgado o notario que la acordó para que conste. Sin esa comunicación, los efectos jurídicos de la separación siguen vigentes.
Sí, igual que el divorcio: cuando no hay hijos menores ni con discapacidad dependiente económicamente (art. 82 CC). Se firma escritura pública y se inscribe en Registro Civil.
Primera valoración para decidir cuál de las dos vías protege mejor tus intereses concretos. Sin compromiso de contratación.